El Tapón del Darién

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Multas Impuestas por la ANAM - Infografía de La PrensaLa Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) lleva a cuesta un arrastre de multas que suman 4.7 millones de dólares, relacionadas mayormente a delitos como tala de árboles y la ejecución de proyectos sin contar con Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

De este total solo se han recuperado apenas 413 mil dólares hasta el 20 de marzo pasado.

El más sonado de los casos es el de la minera Petaquilla Gold, que opera en la provincia de Colón, y que fue multada con 1.9 millón de dólares, por daño forestal y falta de un estudio ambiental para iniciar operaciones, pero la empresa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia apelando la sanción.

Otro 1.5 millón de dólares fue traspasado al Juzgado Ejecutor de la Anam para que entable procesos contra los morosos, lo que incluso podría terminar en el secuestro de bienes.

La directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Raisa Banfield, indicó que el bajo monto recuperado refleja la poca efectividad de la Anam para hacer efectivo el cobro por un delito documentado y la falta de responsabilidad de parte de las empresas que utilizan recursos legales para no pagar las multas.

En los registros de la Anam hay multas hasta por 50 dólares por cortar un árbol que datan de 1996.

Deyanira Shepherd, de la dirección de Administración y Finanzas de la Anam, indicó que recientemente se creó el comité de cuentas para limpiar la data y saber qué cantidad se podría recuperar.

Colón es la provincia con mayor morosidad, con 2.063 millones de dólares, seguido de la provincia de Panamá con 2.09 millones de dólares.

En el otro extremo está la comarca Ngäbe Bugle con multas por 29 mil dólares.

Por los delitos más comunes, daño forestal (tala de árboles) y la no presentación del EIA las multas totalizan 2.8 millones de dólares.

via | La Prensa

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Severino MejíaLos intentos de abrir el tapón del Darién son de vieja data. La carretera Panamericana se corta en esta provincia evitando la interconexión, vía terrestre, desde la Patagonia en Argentina, hasta bahía de Prudhoe en Estados Unidos.

Es un tema que despierta pasiones. Por un lado están los ambientalistas que se oponen por el impacto ecológico a uno de los tres ecosistemas más ricos del mundo, que mantiene un ambiente selvático todavía no depredado del todo (la selva maya y el Amazonas son los otros dos); los ciudadanos que sienten aprehensiones de su apertura y, finalmente, los empresarios e inversionistas que ven limitada la expansión de sus actividades comerciales vía terrestre, del sur al norte del hemisferio.

Hay tres factores que a mi juicio deben ser considerados en el análisis de este tema, antes de abocarnos a una toma de decisión que puede tener serias consecuencias. Estos factores tienen que ver con las consideraciones de carácter ecológico, los aspectos de seguridad pública y las previsiones de salud.

En lo que respecta a las consideraciones de carácter ecológico, según la ambientalista Natalia Arango, de The Nature Conservancy, el tapón del Darién es una zona única en el mundo porque es el punto donde confluyen la biodiversidad de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Dañarlo es lo más grave que le pueda pasar al mundo.

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FORO. En diciembre pasado, organizaciones civiles tuvieron un encuentro. LA PRENSA/ArchivoLuego de las confrontaciones que han mantenido con algunos funcionarios de Gobierno, grupos de la sociedad civil organizada acordaron unir fuerzas para impulsar la participación ciudadana.

Se trata de las organizaciones que en los últimos meses han hecho cuestionamientos a las acciones del Gobierno, pero que han sido blanco de críticas por parte de personeros gubernamentales. Entre ellas, Alianza Ciudadana pro Justicia, dirigida por la abogada Magaly Castillo.

Los grupos se reunirán hoy en la Arquidiócesis de Panamá, en Carrasquilla, informó Mariela Arce, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa).

Allí realizarán el foro denominado “Democracia participativa: rol de la sociedad civil”. “La idea es reflexionar sobre el aporte que debe hacer la sociedad para el desarrollo del país”, dijo.

En el encuentro presentarán un breve resumen sobre la confrontación entre actores de Gobierno y organizaciones ciudadanas.

También habrá un panel integrado por representantes del sector obrero, de los medios de comunicación social, y de grupos ambientalistas. El tema a discutir será la perspectiva de los diversos sectores sociales sobre el rol de la sociedad civil.

Según Arce, se requiere motivar a los diferentes actores de la sociedad para que aporten ideas y proyectos. “Tenemos la misión de educar. Los funcionarios son personas que pueden saber mucho de un tema, pero hay una profunda necesidad de formarlos”, explicó.

Para Magaly Castillo, la única manera de mantener la salud de “nuestro sistema democrático es que los ciudadanos nos organicemos y actuemos”. Luego de finalizar el foro, tienen previsto firmar “La declaración ciudadana por el fortalecimiento de la democracia” .

Entre los grupos organizadores están: la Comisión de Justicia y Paz y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

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Las fuertes confrontaciones entre representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la actual administración –incluyendo al presidente de la República, Ricardo Martinelli– han provocado la movilización de los grupos civiles que hoy se reunirán en la Arquidiócesis de Panamá.

El objetivo del encuentro, explicó Mariela Arce, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, es fortalecer la participación ciudadana y unificar esfuerzos en torno al debate de temas nacionales.

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LICITACIÓN. Alimentar a los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), por cuatro meses, costará poco más de medio millón de dólares. El Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingob) abrió a licitación el suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena), con un precio de referencia de 533 mil 904 dólares. El contratista deberá suministrar 58 mil 800 unidades de alimentos, en el transcurso de 120 días. El próximo 12 de mayo será la recepción.

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Con la “Declaración de Panamá” finalizó ayer la XVII reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que aglutinó a unos 20 ministros y representantes de organismos internacionales.

El evento, que se desarrolló desde el 26 de abril, se enmarcó en el “respeto y el consenso”, expresó el administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Javier Arias.

La jornada, sin embargo, tuvo sus voces críticas. El jueves, un grupo de activistas ambientales interrumpió a Arias cuando hacía uso de la palabra, para desplegar pancartas y gritar consignas contra los proyectos mineros e hidroeléctricos del país.

A raíz de esto, la seguridad fue redoblada ayer. El administrador de la Anam aseguró que la protesta de los activistas llamó la atención de las autoridades, quienes se percataron de la fragilidad de la seguridad ejercida hasta entonces en el centro de convenciones del hotel El Panamá. “El suceso nos hizo ver que había que reforzarla, porque podría infiltrarse alguien que atentara contra los ministros”, indicó el funcionario.

Para Alida Spadafora, directora ejecutiva de ANCON, la protesta del jueves se dio, posiblemente, porque “no hubo el espacio necesario para el diálogo entre el Gobierno y las comunidades”.

El encuentro regional se efectúa cada dos años y en él se definen las acciones a seguir para atender unas siete prioridades ambientales. Entre ellas está el cambio climático, la diversidad biológica, el desarrollo sostenible y el nuevo concepto de la “economía verde”.

La Declaración de Panamá contiene los logros y consensos logrados en las deliberaciones de los ministros. El documento será presentado en la próxima Cumbre Mundial de Cambio Climático que será en Cancún, México, en noviembre próximo, en la que esperan alcanzar acuerdos más globales.

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visita. El ministro de Salud, Franklin Vergara, rindió ayer un informe a los diputados sobre el programa de saneamiento de la bahía de Panamá. LA PRENSA/Ana RenteríaLa Asamblea Nacional cierra hoy, 30 abril, su primer período de sesiones ordinarias, con el anuncio de la probable convocatoria a sesiones extraordinarias para darle trámite al proyecto sobre consultas populares que está impulsando el presidente, Ricardo Martinelli.

De los 60 proyectos que se convirtieron en ley de la República, más del 55% fue iniciativa del Ejecutivo. Solo un 27% de las leyes fue presentado por los diputados, según un informe hecho por el Órgano Legislativo.

A esta cifra habrá que agregar el más que probable proyecto ya citado sobre consultas públicas, que fuera presentado por el Ejecutivo el pasado 20 de abril ante la Asamblea, y que promete ser el tema principal de las anunciadas sesiones extraordinarias.

De aprobarse la iniciativa en mayo próximo, la primera consulta popular podría celebrarse a finales de este año. Y es que el citado proyecto establece que las consultas se harán no menos de tres meses ni más de seis meses después de que el Órgano Ejecutivo solicite su organización al Tribunal Electoral.

Según el proyecto, le corresponderá a esa institución electoral convocar, reglamentar y organizar las consultas. El Ejecutivo tendrá que proponer los temas a consultar, entre los que se han mencionado la minería, la pena de muerte, la apertura del tapón de Darién, entre otros.

Sin embargo, la oposición ha denunciado que estas consultas son un mecanismo para abrirle camino a la reelección presidencial al presidente Martinelli

Más aprobaciones

La Asamblea aprobó ayer, en segundo debate, tres proyectos más impulsados por el Ejecutivo, en particular por el canciller Juan Carlos Varela: el acuerdo de asociación entre Panamá y Costa Rica, firmado el 28 de octubre pasado entre el mandatario, Ricardo Martinelli, y el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para ampliar y fortalecer vínculos comerciales y políticos entre ambas naciones; el convenio celebrado entre Panamá y México para evitar la doble imposición y prevenir la evasión en materia de impuesto sobre la renta, entre ambas naciones, y el acuerdo sobre el establecimiento de la red internacional del bambú, celebrado en Beijing, China, el 6 de noviembre de 1997.

Para hoy, el pleno dará tercer debate también al proyecto de ley que adopta el Código Agrario, una iniciativa impulsada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alberto Cigarruista y que sufrió profundas modificaciones durante los debates legislativos.

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La Asamblea Nacional será convocada a sesiones extraordinarias a partir del próximo mes, confirmaron ayer fuentes de la Presidencia de la República y del Órgano Legislativo.

El proyecto que ordena la celebración de consultas populares, presentado el 20 de abril pasado por el Ejecutivo, sería uno de los temas a debatir.

Antes del cierre de su período de sesiones ordinarias, hoy 30 de abril, el pleno legislativo planea darle tercer debate a tres convenios que presentó el canciller Juan Carlos Varela y al nuevo Código Agrario.

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24 ministros de Ambiente se reúnen para discutir el futuro ambiental de la región. El evento empezó en medio de protestas.

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ACCIÓN. Por primera vez en Panamá, activistas ambientales irrumpen en una conferencia para protestar por la destrucción del ecosistema. LA PRENSA/Eduardo GrimaldoActivistas ambientales interrumpieron ayer, por 15 minutos, el acto protocolar de apertura del XVII Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá.

Justo cuando el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Javier Arias, hacía uso de la palabra, los activistas se levantaron, desplegaron una pancarta y empezaron a gritar consignas contra la Anam y los proyectos mineros e hidroeléctricos que se realizan en el país.

El acto dejó perplejo a Arias, quien no atinó a decir palabra durante varios minutos.

La directora regional y directora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Margarita Astrálaga y Ángela Copper, respectivamente, también fueron sorprendidas.

“Minería = muerte, Panamá sin minas ya”, se leía en la pancarta que fue colocada detrás de los funcionarios locales e internacionales.

Arias intentó poner orden, pero los gritos de los tres activistas que habían burlado el protocolo se lo impidieron.

“La Anam no está cumpliendo con su labor porque está permitiendo la construcción de hidroeléctricas que ocasionan daños a las áreas protegidas”, gritaban los ambientalistas ante la perplejidad de muchos.

La Anam, agregaron, debería tomar el ejemplo de otros países de Centroamérica que están sacando a las empresas mineras, como es el caso de Costa Rica.

Arias intentó tranquilizar a los manifestantes alegando que respetaba su punto de vista, pero que estaban irrespetando a los representantes del Pnuma y a los 24 ministros de Ambiente que se encuentran en el país.

El funcionario agregó que, independientemente de la decisión que asuma el país sobre los proyectos mineros e hidroeléctricos, la misión de la Anam es proteger el medio ambiente y, a la vez, “encontrar la manera más adecuada de desarrollo utilizando la tecnología más amigable a los ecosistemas”.

Tras varios minutos de protesta, la seguridad del hotel El Panamá –en donde se realiza el foro– empezó a activarse. Los ambientalistas, sin embargo, se retiraron voluntariamente del salón de la conferencia. Una hora después se sumaban otros compañeros a la protesta, esta vez en la entrada principal del Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del citado hotel.

Para Lino Von Saenger, uno de los activistas, se trató de una protesta pacífica. La verdadera riqueza de Panamá, ahora y en el futuro, está en sus bosques y ríos, afirmó.

“Desde la administración gubernamental pasada, Panamá está siendo entregada a los intereses a corto plazo de la industria minera, y esto debe detenerse”, advirtió.

La directiva del Pnuma, por su parte, comentó sobre la necesidad de que los países realicen un estudio sobre los costos y beneficios de los proyectos. No quiso, sin embargo, opinar sobre el tema minero en Panamá, alegando que cada país es soberano de asumir sus decisiones.

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Los ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe aprobarán hoy un documento que busca, entre otras cosas, proteger la biodiversidad.

Minería = Muerte. Panamá sin minas.La inauguración del VXII Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe incluyó una sorpresa: un grupo de activistas ambientales aprovechó una conferencia de prensa organizada por el administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, para expresar su rechazo a los proyectos mineros e hidroeléctricos que se desarrollan en el país.

Los ambientalistas desplegaron una pancarta y gritaron consignas ante la mirada perpleja de ministros de ambiente y funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente.

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